A través de un concepto enviado a la Corte Constitucional, Margarita Cabello, jefe  del Ministerio Público indicó que algunas de las disposiciones incluidas en la Ley 2161 de 2021 no se ajustan a la Constitución.

Mediante esta ley se fijaron normas para promover la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), y de acuerdo con la Procuradora General, desconoce el principio de responsabilidad personal, al contemplar sanciones para los propietarios de automóviles por hechos que no le son directamente atribuibles.

La jefe del órgano de control destacó que “la Procuraduría no ignora la intención legítima del Congreso de la República de establecer medidas legislativas dirigidas a velar por el cumplimiento de las normas de tránsito, pero lo cierto es que dicha finalidad debe perseguirse a través de medidas que respeten las garantías constitucionales asociadas al debido proceso”.

De acuerdo con lo argumentado por la Procuraduría, las conductas contempladas en el artículo 10 de la ley que fue demandada, en lo que respecta a transitar por lugares y horarios que no estén permitidos (pico y placa), así como irrespetar los límites de velocidad y la luz roja del semáforo, por ser acciones concernientes directamente con el acto de conducir, solo pueden dar lugar a la sanción del conductor del vehículo, quien no siempre es el propietario del mismo.

Vale la pena resaltar que la responsabilidad personal es un mandato asociado al Estado constitucional, y de acuerdo con la constitución, en materia sancionatoria solo es posible castigar al autor de una conducta tipificada en la ley, sin que las sanciones correspondientes puedan ser transmisibles a otros sujetos.

Por Diana Merchán