Debido a los reincidentes casos de vulneración a los derechos humanos que viven los migrantes que cruzan la frontera entre Colombia y Panamá motivaron a los Defensores del Pueblo de los dos países a firmar una carta de entendimiento para fortalecer la cooperación interinstitucional que incluye la posibilidad de generar alertas tempranas.

Dadas las complejidades en la frontera común, según UNICEF, en 2021 cerca de 19.000 menores de edad pasaron esta zona de frontera, la mitad de ellos menores de 5 años.

Por su parte Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia,  indicó que “la Alerta Temprana es un instrumento que permite en Colombia motivar acciones inmediatas para contrarrestar posibles casos de vulneración de los derechos humanos o riesgos a la vida y bienestar de las comunidades. Este acuerdo binacional es una herramienta clave para generar alertas y proteger a las poblaciones más vulnerables en la frontera común, de manera particular de los migrantes”.

Eduardo Leblanc González, el Defensor del Pueblo de Panamá, manifestó el compromiso para desarrollar estrategias institucionales en materia de derechos humanos y DIH, en especial cuando se refieran a los derechos de los migrantes, promoviendo la cooperación directa entre las dos entidades nacionales de DDHH.

Son múltiples los riesgos que padecen los migrantes por cuenta de las redes de tráfico de personas debido a su naturaleza clandestina lo que les permite explotar la vulnerabilidad de quienes buscan una mejor oportunidad.

De acuerdo a las cifras presentadas por la institución, las niñas, niños y adolescentes y sus familias se ven expuestos a la trata de personas y la explotación sexual comercial y pueden ser instrumentalizados por los grupos armados ilegales para el tráfico de estupefacientes como condición para permitir el paso por el Tapón del Darién.

Al acuerdo se suman otros objetivos: el intercambio de experiencias en materia de innovación tecnológica y metodológica, además fortalece la prevención, promoción y garantía de los derechos humanos con enfoque de género y finalmente, identifica las problemáticas comunes y medidas de solución para la atención de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Por Diana Merchán