Procuraduría dice que exalcalde de Onzaga fue “deshonesto y no recto” por celebración de contrato

Procuraduría dice que exalcalde de Onzaga fue “deshonesto y no recto” por celebración de contrato

José del Carmen Hernández, exalcalde de Onzaga, fue suspendido por el Ministerio Público por un contrato de $22’500.000

Con una suspensión de tres meses la Procuraduría General de la Nación sancionó al exalcalde de Onzaga, Santander, José del Carmen Hernández Abril, quien cumplió su mandato entre 2012 y 2015.

Foto Cortesía Diario El Frente

De acuerdo con el Ministerio Público, Hernández Abril causó detrimento patrimonial al municipio con la celebración del contrato APG-027 del 27 de marzo de 2015, por $22’500.000.

Para la Procuraduría, el negocio jurídico para actualizar la página Web de la Secretaría de Planeación y presentar informes ante las entidades estatales fue pactado por una remuneración superior a la del alcalde.

A través de esta conducta, el exalcalde habría incumplido lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2785 de 2011, según el cual se prohíbe pagar a personas naturales o jurídicas por una prestación de servicios, un valor mensual superior a la remuneración total, también mensual, del alcalde municipal.   

La Procuraduría calificó el acto del exmandatario como deshonesto, no recto y desleal con la administración, que afecta “el principio de responsabilidad del numeral 7 del Código de Procedimiento Administrativo y genera una desprotección de los recursos y derechos del Municipio que lesiona el principio de economía”.

Según el órgano de control disciplinario, con este comportamiento el exfuncionario transgredió los principios de moralidad y economía de la función administrativa y la contratación estatal, con lo cual generó detrimento patrimonial a la entidad municipal que representaba.

Mientras la Procuraduría Provincial de San Gil, calificó la falta como grave a título de culpa gravísima, en fallo de primera instancia, el apoderado del exalcalde interpuso recurso de apelación que será resuelto por la Procuraduría Regional de Santander.

Por: Diego Suárez