Fiscalía pedirá nulidad en proceso contra alias "Pichi"

Fiscalía pedirá nulidad en proceso contra alias "Pichi"

Oriente Noticias ha estado realizando seguimiento al proceso que se adelanta en contra de alias “Pichi”

La Fiscalía solicitará al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, que se declare la nulidad del proceso que adelanta en contra del señalado capo del microtráfico el próximo lunes 2 de septiembre y en esa audiencia el juez decidirá si avala o no la petición que hace la Fiscalía con respecto del proceso que se adelanta contra alias “Pichi”.

Este presunto delincuente fue capturado en la ciudad de Medellín, por diferentes delitos que lo asocian al tema del microtráfico en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, es importante señalar que en contra de “Pichi” se adelantan tres procesos: el primero de ellos fue judicializado por los delitos de porte de estupefaciente agravado, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y destinación ilícita de inmuebles.

Con respecto a ese delito, a ese primer proceso el pasado 26 de julio en una audiencia en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, prefirió una sentencia absolutoria, es decir, el juez determinó que alias “Pichi” no era culpable de esos delitos mencionados.

Otra de las investigaciones que se adelantan en contra de el detenido, es el delito de fuga de presos, que años atrás, hacia diciembre del año 2015, alias “Pichi” se fugó. Había sido capturado en la ciudad de Bucaramanga, pero en una salida hacia una clínica ubicada en el sector de Cañaveral aprovechó un descuido y saltó de un segundo piso, donde era atendido

Con respecto a este otro proceso, la defensa de este presunto delincuente, decidió realizar un pre acuerdo con la Fiscalía, que consiste en una pena de 32 meses. El juez avaló también esta instancia el pasado 27 de junio y así las cosas, sólo quedaría en pie un proceso por el delito de concierto para delinquir y porte de estupefacientes en contra de alias “Pichi”.

El fiscal encargado decidió solicitar la nulidad del proceso, de ser aceptada por el juez con control en función de garantías, el próximo lunes alias “Pichi” recuperaría su libertad y así quedaría este proceso libre de todo este escándalo en lo que se ha convertido la captura.

¿Qué pasa con la justicia de nuestro país?

El caso de la posible libertad de alias “Pichi”, uno de los hombres más buscados en Santander donde a su proceso se le van acabando las pruebas en su contra, abren el debate sobre una necesaria reforma judicial en Colombia.

¿Un país de impunidad?

Esa es la pregunta que por estos días se hacen muchos colombianos, los cuales ven con resignación como un término jurídico, está dando libertad a peligrosos delincuentes o autores de escándalos de corrupción por vencimiento de términos.

¿Qué es el vencimiento de términos?

Es una figura jurídica que representa una especie de castigo para el Estado, al no cumplir con los tiempos para adelantar el debido proceso dando garantías al acusado. Sin embargo, el colapso judicial que vive un país como Colombia donde muy difícilmente se pueden realizar procesos de manera oportuna pareciera ser un paraíso para los abogados defensores de personas implicadas en delitos tipificados como graves.

Sin embargo, vale la pena destacar que la figura de vencimiento de términos entendiendo que da la libertad a los acusados, no los desvincula del proceso judicial en su contra mientras son esclarecidos los hechos, deberán responder siempre a las citaciones y llamados de la justicia.

Malestar en el Gobierno Nacional

Esta figura jurídica ha sido ampliamente rechazada por el jefe de Estado Iván Duque Márquez, “Nos indigna la libertad de delincuentes por vencimiento de los términos judiciales. Hacemos un llamado a todas las bancadas del Congreso para tomar medidas que fortalezcan la acción de la justicia, y evitemos que se sigan presentando este tipo de situaciones que generan rechazo”, sostuvo el jefe del Estado refiriéndose a la libertad concedida a Carlos Palacino señalado haberse apropiado de cerca de 400.000 millones de pesos, en favor de terceros y Francisco Ricaurte vinculado al escándalo del “cartel de la toga” y quien responde a los delitos de cohecho, concierto para delinquir, entre otros.